Guerra declarada a Airbnb . Son muchos sectores de la sociedad los que no están del todo cómodos con la expansión de ésta «economía colaborativa» en los barrios de su ciudad.
Varios colectivos implicados en esto, reclaman desde hace tiempo que se ponga remedio a este «intrusismo y competencia desleal». Durante este Puente de Mayo, los hoteleros no alcanzaron las estimaciones de ocupación, quedándose al 75%: un 10% menos de lo esperado. Las Asociaciones de Hosteleros advierten que esta situación se debe principalmente al crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico (VUT), cuya oferta ha aumentado un 168% desde 2015 a 2017, frente al 2% observado en los establecimientos reglados.
En Madrid, son ya más de 13.000 viviendas alquiladas a través de esta plataforma. El rápido aumento de este tipo de actividad compromete por una parte, la regulación económica de este sector respecto al resto, y por otra, plantea un debate en torno al modelo de ciudad que quieren los ciudadanos. «Además de estar generando un aumento desorbitado en el precio de los alquileres y la expulsión de los vecinos de las zonas en las que hay una mayor concentración de pisos turísticos ilegales, Madrid podría llegar a perder toda su esencia», sentenció ayer Mar de Miguel, secretaria general de la AEHM. No en vano, el crecimiento de esta «actividad económica» transforma también las ciudades y sus barrios históricos.
Otras ciudades como Barcelona, París, Ámsterdam o Berlin le han plantado cara a estas plataformas colectivas, algunas de manera rotunda. Como contrataque, la Asociación Europea de Casas de Vacaciones (European Holiday Home Association), lobby que defiende, entre otras empresas, a Airbnb, ha llegado a presentar quejas ante la Comisión Europea contra las medidas que han tomado estas ciudades para regular su actividad. Sin embargo, no han conseguido amedrentar a los sectores descontentos. Desde la AEHM reclaman a las Administraciones autonómica y nacional la puesta en marcha de una adecuada regulación sobre las viviendas de alquiler de uso turístico. Así, consideran de vital necesidad que el Gobierno central, que cuenta con competencias para tomar medidas de índole fiscal y de seguridad, legisle de forma precisa para establecer un sistema de control de las plataformas que comercializan las viviendas de uso turístico.
Todavía hoy, los hoteleros se sienten desprotegidos y poco escuchados en cuanto a la regulación de estas plataformas, pues las medidas adoptadas no les parecen excesivamente sólidas o concretas. Recuerdan, además, que no sólo constituye un riesgo para ellos; los usuarios tienen también que perder.
Arguyen que se está defendiendo la libertad de empresa desde una concepción ilimitada que colisiona con las garantías mínimas de seguridad, calidad o de convivencia y desarrollo sostenible de las ciudades. Por ello, antes de llegar a fenómenos preocupantes como la «turismofobia», las autoridades deberían regularizar correctamente para preservar los barrios céntricos de la capital, sin convertirlos en «parques temáticos» con precios inaccesibles, asegurando así la acogida de turistas.