Ha llegado en forma de decreto ley aprobado este martes por el Gobierno andaluz. A estas viviendas las llaman en el lenguaje administrativo AFO (asimilado fuera de ordenación).
El Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares pretende poner fin a la alegalidad en la se encuentran las 327.583 viviendas construidas por toda Andalucía en suelo no consolidado (es decir, que carece de planificación) y al margen de la legalidad urbanística.
No obstante, no podrán legalizarse las viviendas que tengan menos de 6 años o aquellas que tengan una sentencia firme de los tribunales, ni tampoco las que se asienten sobre suelos de especial protección.
Los propietarios de las casas que no estén en el caso anterior, tendrán que dar el primer paso y pedir a los Ayuntamientos acogerse a esta regulación. De las más de 327.000 viviendas contabilizadas, las situadas en zonas protegidas, en los primeros 100 metros de costa o sobre las que pesen sentencias firmes, quedan fuera del decreto. Para las que están en zonas inundables hay excepciones si los dueños acometen las costosas obras para evitar el riesgo de inundaciones.
La normativa permite la regularización de los asentamientos o agrupaciones de viviendas, lo que vendría a ser una urbanización. Hasta ahora, estas tenían que esperar a la aprobación de planes generales de ordenación urbana (PGOU) y, después, a los planes especiales para poder acceder a los servicios básicos. Según la Junta, el tiempo medio de aprobación de un PGOU era de nueve años y el del plan especial de desarrollo de unos 20 meses. Ahora, la Junta, que tiene la última palabra en urbanismo, autoriza a poner en marcha el plan especial, sin tener que elaborar un PGOU. Según señaló la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, “el problema se puede resolver entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos”.