La agrupación, que mantiene íntegramente su equipo gestor, propiciará la capacitación en el nuevo marco normativo existente y fomentará la participación del colectivo en la revisión y elaboración de los nuevos instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Tras la modificación de los Estatutos de los diferentes grupos especializados del Colegio de Abogados de Granada por la Junta de Gobierno el pasado 19 de septiembre, con el fin de unificarlos en un texto único y agilizar el proceso de constitución de sus equipos gestores, la Corporación ha procedido a convocar elecciones en todas las Juntas Directivas que no hubieran renovado su mandato a lo largo del año 2023. Entre ellas se encuentra la del Grupo Especializado en Derecho Urbanístico y Medioambiental, cuyo periodo expiraba justamente en diciembre tras ser reactivado su funcionamiento en 2021.
De este modo, durante los próximos cuatro años -nuevo plazo de mandato incorporado a las normas estatutarias-, la agrupación queda conformada por la única candidatura presentada al proceso, la encabezada por la hasta ahora presidenta, Rocío Castro Gutiérrez. Junto a ella, la Junta Directiva se mantiene sin cambios respecto al mandato anterior. En este sentido, Encarnación Pérez Muñoz, repite como vicepresidenta; José María Martos Boluda, como secretario; Raquel Castro Morgado, como tesorera; Rosa María Gil Sanz, como bibliotecaria; y María Asunción Quesada Martínez, Carmen Martínez Delgado y Raquel Bravo López, como vocales.
En este nuevo mandato, el equipo gestor se centrará en cuatro objetivos prioritarios a tenor del actual escenario normativo, marcado por la entrada en vigor de la conocida como Ley LISTA (Ley de Impulso para Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) y su Reglamento General (aprobado por Decreto 550/2022) y la aprobación del Acuerdo de 18 de octubre de 2022 del Consejo de Gobierno de la Junta instando a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a revisar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, así como la previsión de modificación del POTAUG y el inicio de la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística general de los distintos municipios de Granada y del resto de Andalucía.
En este contexto, según adelanta Castro Gutiérrez, el Grupo de Derecho Urbanístico y Medioambiental abordará el diseño y organización de acciones formativas que permitan un análisis y conocimiento profundo y actualizado de la materia, que propicie la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para aplicar de forma eficaz las normas y los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Asimismo, la agrupación fomentará la intervención activa de los colegiados interesados en la revisión, modificación y elaboración de los nuevos instrumentos de ordenación territorial y urbanística, al tiempo que promoverá la cooperación del colectivo profesional con las distintas Administraciones que tienen competencias urbanísticas. También facilitará el conocimiento de las pautas seguidas por las Administraciones en los distintos procedimientos urbanísticos, mejorando así la tramitación de los mismos y acortando su tiempo de duración.
Estos objetivos se unen al resto de fines estatutarios del Grupo de Derecho de Urbanístico y Medioambiental, entre los que se encuentra evaluar y buscar soluciones a los problemas profesionales específicos de los abogados en este campo del Derecho; impulsar la formación jurídica y dar a conocer las novedades en esta rama jurídica, estudiar la legislación local, autonómica, estatal, europea e internacional relativa, así como su jurisprudencia, promoviendo la difusión y publicidad de cuantos estudios o actividades realice el grupo; fomentar la participación de sus miembros en la vida colegial; colaborar con los órganos de gobierno del Colegio de Abogados y participar en la vida corporativa; participar a través de los órganos representativos del Colegio en la ordenación de las relaciones profesionales con la Administración y con los usuarios de los servicios profesionales; mantener contactos con grupos o secciones de Derecho Urbanístico y Medioambiental, así como con otras entidades que tengan objetivos similares; y colaborar en la elaboración del fondo editorial en el seno de la Biblioteca del Colegio.